Por Alfonso Sierra / El Popular
BAKERSFIELD, CA – Una pareja que ha vivido en la ciudad de Bakersfield durante 35 años ha decidido enfrentarse a una de sus peores pesadillas. Tener que abandonar Estados Unidos por miedo a ser detenidos y separado de sus seres queridos por la fuerza.
Daniel y Alberta Herrera entraron en Estados Unidos en 1990 buscando una nueva vida para ellos y su familia. Don Daniel, de 73 años, trabajaba en la agricultura, recogiendo naranjas, limones y otros cultivos en el Valle Central, mientras que su esposa, de 70, se quedaba en casa criando a sus nueve hijos y posteriormente ayudando con sus nietos. Ambos son indocumentados.
Debido a las nuevas políticas migratorias amplias y extremas bajo la administración Trump, han optado por autodeportarse por miedo a ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y enviados a un centro de procesamiento donde serían separados, detenidos y finalmente deportados.
“¡Aquí ya no estamos bien! No somos felices estando en la situación en la que estamos. El miedo y la inseguridad son todo lo que tenemos.” Doña Alberta contó a El Popular durante una entrevista en la modesta casa que comparten con un hijo en el este de Bakersfield.
Daniel resultó herido mientras trabajaba en los campos y no puede trabajar. “No he trabajado desde abril, tenemos hijos que ayudan, pero ya tienen familias y sus propias vidas que vivir. No queremos ser una carga para ellos.” Dijo Daniel.
A principios de enero, agentes de la Patrulla Fronteriza llevaron a cabo una operación de redadas en el condado de Kern. Atacaban a trabajadores agrícolas, jornaleros y detenían a cualquiera que sospecharan de ser indocumentado. La operación “Return to Sender” ofreció un vislumbre de lo que estaba por venir bajo la nueva administración. Trump juró el cargo días después y las redadas de ICE se han convertido en sucesos diarios en ciudades a través del país.
Don Daniel fue convencido por sus hijos para que no siguiera trabajando, ya que agentes de ICE habían detenido a varios trabajadores agrícolas.
Desde que Daniel dejó de trabajar, compartió que ha sufrido depresión y ansiedad; la pareja expresó el miedo que se agrava por las constantes imágenes de agentes de ICE con mascarillas arrastrando a la gente fuera de sus casas y vehículos.
El miedo y la situación en la que están de no poder mantenerse a sí mismos han sido la motivación para irse.
“Intenté obtener estatus legal durante la amnistía en los años 90, pero como no tenía mi certificado de nacimiento, no se pudo hacer”, dijo Don Daniel.
Han intentado de nuevo legalizar su estatus con la ayuda de un abogado de inmigración que les dijo que actualmente no hay alivio ni exención posible para ellos y que sería mejor que se quedaran para ver si las leyes cambiaban, poco después indicando que, por su edad, no serían objetivo de las autoridades migratorias. Decidieron que no valía la pena quedarse en estas condiciones.
La representante Maria Elvira Salazar (R-Florida) presentó la Ley de Dignidad de 2025 (H.R. 4393) en la Cámara de Representantes de EE. UU. el 15 de julio de 2025, un esfuerzo bipartidista para reforzar la seguridad fronteriza en Estados Unidos y proporcionar a las personas indocumentadas la oportunidad de obtener estatus legal si cumplen ciertos requisitos. Esta legislación está pendiente y no se sabe si llegará a convertirse en ley bajo esta administración.
En un comunicado de prensa fechado el 5 de diciembre de 2025, Salazar afirmó que el impulso en el Congreso ha ganado impulso, superando los 25 cospo0nsors y 50 respaldos en todo el país.
“El impulso está creciendo. Con seis nuevos patrocinadores incorporándose esta semana a la Ley de Dignidad, estamos demostrando una vez más que la reforma migratoria es posible si el Congreso tiene el valor de actuar”, dijo la representante María Elvira Salazar.“Cada día que esperamos, la situación empeora, nuestra plantilla sigue bajo presión, los empleadores tienen dificultades para contratar y millones de inmigrantes de larga duración que impulsan nuestra economía siguen sin poder contribuir plenamente. No podemos permitirnos más retrasos. Se acabó el tiempo de las excusas. El momento para la Ley de Dignidad es ahora.”
Daniel Herrera añadió que, debido a las políticas de la administración actual, ya no quieren volver a vivir a Estados Unidos una vez que se marchen, ya no pueden trabajar y nunca dependieron de nadie ni de ninguna ayuda pública. Solo desearía que pudieran obtener un visado en el futuro para poder visitar a sus hijos, nietos y bisnietos.
Aunque la autodeportación o la salida voluntaria parecen una alternativa a la deportación forzada, no eliminan las consecuencias legales y pueden afectar a futuras reentradas, a menos que se utilice un programa oficial como CBP Home que permita registrar la salida y obtener ciertos beneficios, como la ayuda financiera para viajar. Sin embargo, la autodeportación conlleva peores consecuencias en comparación con la Salida Voluntaria y ambas tienen sus ventajas y desventajas.
El DHS ha estado ofreciendo un incentivo de 3.000 dólares para que los “inmigrantes ilegales” abandonen el país voluntariamente hasta finales de 2025 a través de la aplicación CBP. Según el DHS, “Los inmigrantes ilegales que se inscriban para autodeportarse a través de la app CBP Home antes de que acabe el año recibirán una asignación de 3.000 dólares además de un vuelo gratuito de regreso a casa. El uso de la aplicación CBP Home también califica a los beneficiarios para el perdón de cualquier multa o sanción civil por no salir del país.”
¿Qué es la salida voluntaria?:
Es un permiso legal, concedido por un juez de inmigración, para que la persona pueda salir del país por su cuenta, dentro de un plazo determinado (hasta 120 días) y pagar su propio billete, sin que se emita una orden formal de deportación.
Los beneficios incluyen evitar tener una orden de deportación en los registros migratorios, lo que te permite solicitar un visado para regresar legalmente más rápido en el futuro. Y ofrece más dignidad y control sobre la salida
Sin embargo, las desventajas incluyen que la persona debe renunciar al derecho a apelar la decisión del juez o a defender el caso en el tribunal; Aun así, se pueden aplicar los “límites” de la prohibición para la reentrada, es decir, puede ser un periodo obligatorio de 5, 10 o 20 años, dependiendo de varios factores que un abogado debe evaluar.
¿Qué es la autodeportación?
Este proceso es el que tiene mayor implicación, ya que no es lo mismo que una salida voluntaria legal. Esto ocurre cuando la persona simplemente se marcha sin pasar por el proceso judicial, pero es considerada deportada y está sujeta a las penas más severas, incluida la prohibición de volver a entrar permanentemente en el país.
La autodeportación ocurre cuando hay Miedo, Incertidumbre y Presión.
Miedo a ser arrestado por ICE. Incertidumbre política o endurecimiento de las leyes migratorias. Sentirse presionado por políticas y aplicación del miedo que fomentan el miedo.
Puntos clave a considerar:
No es una “hoja en blanco”: salir por tu cuenta no siempre te exime de sanciones migratorias (castigos de 3-10 años de ilegalidad).
El asesoramiento legal es crucial: es fundamental consultar a un abogado de inmigración para entender las consecuencias y si un programa de “salida voluntaria” es adecuado para ti, ya que podría limitar las opciones futuras.
En resumen, la autodeportación es una decisión personal de marcharse en lugar de ser forzada, pero puede tener implicaciones graves que requieren asesoramiento legal para gestionar los riesgos y beneficios, especialmente con los programas gubernamentales actuales.
La pareja tiene fecha de salida el 8 de enero de 2026, cuando uno de sus hijos los llevará a Tijuana y luego a la localidad de Silacayoapam, Oaxaca, uno de los municipios de la región mixta donde han construido una casa modesta que será su nuevo hogar.
Daniel y Alberta dejan 9 hijos, 29 nietos y 16 bisnietos en Bakersfield.
